Los concellos tienen tres años para reducir las pérdidas de agua en la red

La Xunta prevé crear un impuesto para las fugas que superen el 20 % del suministro

En octubre del 2017, hace ahora dos años, Galicia se enfrentaba a una situación inédita en el país de los mil ríos, con una buena parte de su territorio en alerta por sequía y dificultades reales para garantizar el suministro de agua a su población. La gravedad de la tesitura sacó a la luz la ausencia de medidas para enfrentarse a un episodio de escasez de agua, lo que obligó a crear una ley que no solo recogiese cómo actuar ante un caso de sequía sino que también estableciese medidas para mejorar la canalización y para optimizar el suministro.

El texto legislativo llegará la semana que viene al Parlamento de Galicia, y una vez aprobada la Lei de medidas de garantía do abastecemento nos episodios de seca e nas situacións de risco sanitario, empezará a correr el reloj que fija los plazos para que las administraciones implicadas cumplan con lo que dicta la ley. Entre esas medidas figura la colocación de contadores homologados para la medición del consumo -un año de plazo-, la redacción de una auditoría para cuantificar las pérdidas -dos años-, la aprobación de un plan para minimizar dichas pérdidas -dos años- y la realización de obras de mejora en la red para que las fugas de agua no superen el 20% del suministro, con tres años de plazo para su ejecución.

La normativa incluye también la obligatoriedad de elaborar planes de emergencia contra la sequía en los ayuntamientos que superen los 20.000 habitantes. En realidad, era una imposición que ya recogía la normativa de Augas de Galicia pero que tras el episodio de sequía del 2017 se descubrió que ningún ayuntamiento la había desarrollado. La situación ahora es distinta, porque casi un centenar de concellos gallegos pidieron las ayudas que la Xunta destina a tal fin con la condición de que los planes estén elaborados antes de que finalice el 2020. Los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes podrán ampararse en los decretos de las diputaciones provinciales que recogen medidas en ese sentido.

La sequía sacó a la luz otro grave problema; el de las pérdidas de agua. En una comunidad en la que la lluvia siempre fue generosa, que las redes de suministro tuviesen fugas no parecía importante; de hecho, ya se sabía y había municipios en los que esas fugas se acercaban al 40% del agua canalizada. Pero la alerta obligó a tomar medidas también en esa línea, y por eso los concellos deberán elaborar auditorías sobre el estado de sus instalaciones y, en menos de tres años, realizar las obras necesarias para que las pérdidas no sobrepasen la quinta parte del suministro. Contarán para ello con la ayuda de la Xunta, que podría financiar tanto la elaboración de los planes de emergencia como las obras necesarias para mejorar la red de tuberías.

Plan de choque

La Xunta calculaba tener la ley aprobada antes del verano, pero se retrasó unos meses. Afortunadamente, la alerta por sequía se quedó muy lejos de Galicia en el verano que se acaba de despedir, pero que la normativa supere la tramitación se hace necesario porque la nueva norma busca también un uso más racional del agua y dota a la Administración autonómica de competencias para actuar en períodos de escasez, pudiendo incluso expropiar terrenos si fuese necesario. La Xunta, además, prevé crear un nuevo impuesto que grave las pérdidas de agua por encima del 20% estipulado.

La Voz de Galicia, Los concellos tienen tres años para reducir las pérdidas de agua en la red, https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2019/10/07/concellos-tres-anos-reducir-perdidas-agua-red/0003_201910G7P7991.htm, consuldato el 25/10/2019.